Hasta el siglo XIV, los casos de piratería eran juzgados en
Inglaterra por los tribunales civiles. Después de 1340, se establecieron cortes
de Almirantazgo. Estos tribunales eran competentes para las sentencias en todos
los casos de piratería y otros crímenes cometidos en alta mar.
Más tarde, los reyes Enrique VIII y Luis XII firmaron un
tratado comprometiéndose a suprimir la piratería entre sus súbditos y a lo
largo de las costas nacionales.
En 1536, Enrique VIII promulgó la primera ley contra la
piratería, creándose el cargo de vicealmirante de la costa, que debía proceder
ante cualquier caso de piratería.
El primer tribunal del Almirantazgo, establecido fuera del
reino, fue el de Terranova, en 1615, enviando el gobierno magistrados para
juzgar los muchos casos de piratería y de otros delitos cometidos por los
marinos que iban todos los años a pescar en el barco. Pero aquel tribunal se
creó con objeto de hacer frente a una situación momentánea más que como corte
permanente.
Acorde a la ley de 1699, cualquier persona detenida y
acusada de actos de piratería en las colonias podía ser juzgada por el tribunal
del Almirantazgo más cercano y que cualquier funcionario del Estado competente
pudiese detener y juzgar a una persona acusada de actos de piratería en cualquier
mar, río, había, etc., y al ser declarada culpable, castigada allí mismo.
En 1721, se publicó otra ley contra la piratería, que
extendía de manera considerable el alcance de la de 1699. Entre otras cosas
tenía que negarse a los culpables los auxilios de religión.
En los años siguientes se publicaron otras leyes.
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